Relatores de Naciones Unidas denunciaron ayer un aumento de los ataques y detenciones arbitrarias de defensores de Derechos Humanos de Nicaragua e instaron al Gobierno de Daniel Ortega a no “criminalizar” prácticas “legítimas” como la participación en manifestaciones pacíficas.
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, pidió a las autoridades nicaragüenses que se abstengan de “iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas”, en un mensaje secundado también por los expertos sobre tortura y otros tratos crueles, derecho de reunión, disfrute de la salud física y mental y protección por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Los expertos coinciden en que el aniversario de las movilizaciones de 2018 han supuesto un aumento de la represión, en un momento en el que “la labor de las personas defensoras (de Derechos Humanos) es más esencial que nunca”, en palabras de Lawlor.
En este sentido, instó en un comunicado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar derechos y libertades básicos de cara a las elecciones de noviembre.
La relatora puso como ejemplo de la citada represión varios casos, entre ellos el de Celia Cruz, una mujer transexual arrestada en abril de 2020 en Omepete y que fue recluida en una prisión para hombres, expuesta a agresiones sexuales y violencia verbal. No fue liberada hasta un año después, en abril de 2021.
Asimismo, ha aludido a la detención del líder estudiantil John Christopher Cerna Zúñiga, arrestado en febrero de 2020 y condenado a doce años de cárcel por tráfico de drogas, aunque él alega que la causa guarda relación con su activismo.
Advierten de violaciones
La relatora, que está en contacto con el Gobierno de Nicaragua, advirtió que los dos activistas sufrieron malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales y falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos en prisión. Además, las personas que protestan contra el Gobierno habrían sido recluidas en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento.
Ortega concentra su ataque en la oposición
El arresto ordenado el miércoles sobre la principal precandidata opositora a la Presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, acusada de lavado de dinero, agita viejos temores a un aumento de la represión política en un país que mira ya a las elecciones del 7 de noviembre sin haber pasado aún página a la polarización que evidenciaron las protestas masivas de 2018 contra Daniel Ortega.
“Desde mediados de 2019, la estrategia del Gobierno se ha vuelto menos abiertamente coercitiva y más cuidadosamente focalizada”, resume el International Crisis Group, en un reciente informe en el que concluye que Ortega “no parece estar dispuesto a enfrentarse a la oposición en igualdad de condiciones”.
La plataforma independiente Monitoreo Azul y Blanco registró en 2020 1.797 ataques a opositores por parte del Gobierno de Daniel Ortega y simpatizantes de su régimen.
Buscan sucesión de Rosario Murillo
Ya han pasado 14 años desde que Ortega alcanzó la Presidencia y sus 75 años de edad hacen especular sobre una posible sucesión que parece encaminada hacia su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, que ha terminado por convertirse en la principal voz del Ejecutivo y en una defensora sin fisuras de la gestión de su marido.
El escenario postelectoral podría dar pie a esta hipotética sucesión, pero en general todos coinciden con que Murillo no suscita el mismo apoyo que Ortega, además la mala situación económica es uno de los principales caldos de cultivo del descontento social en Nicaragua.
Un exdiplomático nicaragüense resumió para el International Crisis Group lo que él considera un sentir general: “A Ortega le temen, lo respetan y lo quieren, a Rosario solo la temen”.